La designación de Manuel Bartlett como director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México para el periodo 2018 – 2024, ha puesto sobre la mesa la situación de la empresa productiva del estado que está encargada de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.
Historia de la CFE[1]
Los primeros registros indican que la generación de energía eléctrica comenzó a finales del siglo XIX, en León, Guanajuato y estaba dedicada, en gran medida, a la industria textil y minera, y escasamente para alumbrado público y uso residencial.
En 1889, ya operaba la primera planta hidroeléctrica en Batopilas, Chihuahua y extendió sus redes de distribución hacia mercados urbanos y comerciales. Era el régimen de Porfirio Díaz y durante ese periodo, se otorgó el carácter de servicio público al sector eléctrico.
Para 1937, existían tres empresas privadas The Mexican Light and Power Company, con el primer gran proyecto hidroeléctrico: la planta Necaxa, en Puebla. Las tres compañías eléctricas tenían las concesiones e instalaciones de la mayor parte de las pequeñas plantas que sólo funcionaban en sus regiones.
Para incrementar la cobertura de la red eléctrica, el gobierno federal creó, el 14 de agosto de 1937, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que tendría por objeto organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales. (Ley promulgada en la Ciudad de Mérida, Yucatán el 14 de agosto de 1937 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 1937).
En 1938, CFE tenía apenas una capacidad de 64 kW, misma que, en ocho años, aumentó hasta alcanzar 45,594 kW. Hacia 1960 la CFE aportaba ya el 54% de los 2,308 MW de capacidad instalada, la empresa Mexican Light el 25%, la American and Foreign el 12%, y el resto de las compañías 9%.
El 27 de septiembre de 1960, el Presidente Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica, a fin de aumentar el nivel de electrificación, ya que en ese año era del 44%. En esa década la inversión pública se destinó en más de 50% a obras de infraestructura. Se construyeron importantes centros generadores, entre ellos los de Infiernillo y Temascal, y se instalaron otras plantas generadoras alcanzando, en 1971, una capacidad instalada de 7,874 MW.
Al finalizar esa década, se superó el reto de sostener el ritmo de crecimiento al instalarse, entre 1970 y 1980, centrales generadoras que dieron una capacidad instalada de 17,360 MW. En los años 80, el crecimiento de la infraestructura eléctrica fue menor que en la década anterior. En 1991, la capacidad instalada ascendió a 26,797 MW.
A inicios del año 2000, se tenía ya una capacidad instalada de generación de 35,385 MW, cobertura del servicio eléctrico del 94.70% a nivel nacional, una red de transmisión y distribución de 614,653 Km., lo que equivale a más de 15 vueltas completas a la Tierra y más de 18.6 millones de usuarios, incorporando casi un millón cada año. A partir octubre de 2009, CFE es la encargada de brindar el servicio eléctrico en todo el país.
Para 2013[2], se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma a los artículos 25, 27 y 28 Constitucionales.
Entre los principales cambios que contempló la reforma en comento, se encuentra la participación del sector privado nacional y extranjero en materia energética y de hidrocarburos. El Estado mexicano decidió implementar un nuevo modelo energético acorde a las necesidades del país y competitivo a nivel internacional, con el objetivo, en materia energética lograr un mercado eléctrico sólido y consolidado, esto es, implementar la seguridad energética en México.
Por lo que, con la idea de lograr lo plasmado en la reforma energética resultaba prioritario que las entonces empresas paraestatales u organismos descentralizados más importantes del país: Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad dejaran atrás el lastre de sobrerregulación y limitaciones excesivas impuestas por el propio Estado y se convirtieran en empresas productivas del Estado.
Las citadas empresas productivas del Estado, se desenvolverían en el marco de la transparencia, eficiencia y tendrán, entre otros objetivos, incrementar la riqueza del país a través de la realización de actividades estratégicas, por ello se decretó que su organización, administración y estructura debía transformarse a fin de lograr que éstas puedan ser competitivas a nivel nacional e internacional.
Referencias
[1] Con información de la página en internet de la Comisión Federal de Electricidad: http://portal.cfe.mx/acercacfe/Quienes%20somos/Pages/historia.aspx, consultada el 7 de agosto de 2018.
[2] Miranda Olivo, Marlén (2015): Las empresas productivas del Estado, análisis de su régimen jurídico y comparativo con las sociedades anónimas, Revista Amicus Curiae, Vol. 1 Número 3, Abril 2015.
