Una misión conjunta de directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Reporteros Sin Fronteras (RFS) han visitado la semana pasada territorio nicaragüense para conocer insitu la situación de los comunicadores sociales del país centroamericano, después de cuatro meses de enfrentamientos en la calle y por medio de una confrontación ideológica a través de los diversos medios de comunicación en una cruenta lucha entre el régimen que preside el mandatario Daniel Ortega, y una vibrante oposición que reclama apertura y tolerancia en todos los espacios de la vida institucional de la nación.
Para empezar, es evidente el desgaste al que se ve sometido el gobierno de izquierda, además de una creciente presión internacional que señala -y con justa razón- una progresiva limitación de diversas libertades de la ciudadanía. Entre esos reajustes desde la estructura gubernamental nicaragüense se observa un descarado abuso a las libertades de prensa y expresión de los periodistas nacionales e internacionales que buscan retratar una realidad que la administración orteguista busca ocultar, pues según ellos, dichas representaciones comunicativas obedecen a un sistema internacional-como una estrategia de expurgación del otro-de desestabilización de la “democracia” en el vecino país.
Pienso que para evitar que la situación en Nicaragua degenere en mayores niveles de violencia, debe haber un reacomodo de las políticas ideológicas de la izquierda extremista que dirige los destinos de la nación, con el propósito de facilitar una mayor integración de los diversos sectores en la vida sociopolítica del estado. Creo que el mayor problema en el corto plazo es el de aplazar las diversas acciones de gestación de la violencia propiciada por grupos de choque afines al gobierno y dar paso a la cordura y el entendimiento, cosa que parece inalcanzable en un sistema de gobierno que quiere mantenerse en el poder a toda costa, después de once años ininterrumpidos en el poder.
Por otra parte, es preciso subrayar que las divergencias siempre existen, pues es conocido que no hay democracias perfectas; no obstante, no podemos soslayar que la principal gestión que deben hacer los dignatarios de los distintos gobiernos del planeta es la de posibilitar que la ciudadanía disfrute de las diversas libertades consagradas en las diversas constituciones políticas a fin de aplacar o cerrar las fuentes que dan paso a la violencia y al enfrentamiento entre los habitantes de una misma composición geográfica como la nicaragüense por ejemplo.
En mi opinión, el hecho entonces de que dos organizaciones de alcance internacional como la SIP y RSF hagan acto de presencia en terreno nicaragüense debe convertirse en una importante estrategia de visibilidad a nivel global sobre la indefensión a todos los niveles a la que se encuentran sometidos los trabajadores de la información periodística en el país.
A continuación, estructuras sociopolíticas como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) deberían tener una mayor implicación en el asunto y contribuir a diseño de muros de contención dentro de Nicaragua (ya sea a través de resoluciones para la gestión de la paz, como por medio de la elaboración de instrumentos plurideológicos que propicien el entendimiento entre las diversas fuerzas políticas para disuadir las actividades de confrontación y de protesta social que en Nicaragua a todas luces se ve como una “lucha desesperada” de la oposición para evitar que continúe el cercenamiento a las libertades públicas.
En definitiva, el régimen de Daniel Ortega, -hostil en demasía contra la prensa que piensa contrario a él- debe entender que su contribución a la sociedad nicaragüense ha terminado y que debe dar paso a una nueva y bienintencionada generación política en Nicaragua, pues la ideología de la confrontación genera caos y empuja al abismo la posibilidad de cambio para el estado de bienestar.
