Es un hecho incontrovertible que, en el proceso de transición de un sistema democrático hegemónico, de perfil semi-autoritario, la proverbial “dictadura perfecta”, que describiera en 1990 el nobel peruano Mario Vargas Llosa, han quedado temas pendientes en el sistema político mexicano.
Y es que, si a la letra vamos, México es, según nuestra constitución política federal vigente, en su Artículo 40, una república representativa, democrática, laica y federal. Sería injusto no reconocer lo mucho que hemos avanzado hacia aquella visión que proyectaran los constituyentes originarios y han modelado hasta el delirio nuestros legisladores, en su papel de constituyentes permanentes.
A partir de este punto, hay algo que llama mi atención y esto es el carácter representativo de nuestra democracia por mandato constitucional. La funcionalidad y el equilibrio de poderes se funda, entre otros factores, en que los representantes del pueblo en verdad se la crean y funcionen como tales.
Sin embargo, sucede que, en el proceso de apertura a la pluralidad democrática, algo falló. El viejo sistema priísta, lo tenía todo muy bien controlado a través de sus sectores y organizaciones de todo tipo. Desde las grandes centrales obreras y campesinas, los colegios de profesionistas, las organizaciones populares hasta su relación con el empresariado vía las cámaras industriales cuya membresía era voluntariamente obligatoria. Como usted lo sabe, estimado lector, mucho de esto es cosa del pasado.
¿Pero qué nos ha quedado? Tenemos un sistema político democrático, en momentos plural, dominante y novedosamente con tendencias hegemónicas. No obstante, eso no es lo grave, al menos para los fines de este modesto artículo. Lo grave es que esta transformación ha dejado en el camino una crisis de lo que algunos llamamos “las organizaciones intermedias”,que son esas entre el ciudadano y el gobierno, que aglutinan y ordenan los intereses sociales. Ahí, de alguna manera la democratización del país les pasó de noche.
¿Y cuál ha sido la respuesta del Poder Ejecutivo Federal? Básicamente crear mecanismos de vinculación directa, vía los sistemas de planeación participativa y los comités comunitarios vinculados a multitud de programas, unos más clientelares que otros. Es decir, México ha estado queriendo transitar de una “democracia representativa”, entendida como aquella en la que el pueblo ejerce su soberanía a través de los órganos representativos que se eligen por votación; a una “democracia participativa”en la que los ciudadanos tienen una mayor participación en la toma de decisiones políticas.
¿Y qué nos trae la Cuarta Transformación anunciada por el próximo gobierno en esta materia? Ni más ni menos que el deseo expreso, en voz del presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de transitar a lo que los estudiosos denominan “democracia directa o semi-directa”.Y el presidente electo y su equipo no son nuevos en este tipo de consultas, ya lo han hecho en el pasado, también de la mano de la Fundación Rosenbluth, cuando consultaron el 14 de mayo del 2000, si AMLO cumplía con los requisitos de residencia para ser candidato. ¿Cuál fue el resultado? Lo sabe usted. ¿Con que nivel de aprobación relativa? 96%, entre 400 mil votos ciudadanos.
Hasta ahora todo lo dicho responde básicamente a transformaciones de la comprensión de la democracia en el Poder Ejecutivo, pero interesante se torna cuando el Poder Legislativo, a través del Senado de la República, presenta, el 11 de octubre de 2018, un “Proyecto de decreto por el que se expide la ley que regula las actividades de cabildeo en el Congreso de la Unión”.
Entendemos por Cabildeo, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “(…) un acto para ejercer presión o tratar de convencer, intentar neutralizar, modificar e influir en las decisiones de la autoridad”. El cabildeo es una actividad presente de alguna forma en cualquier sistema político.
Es en este contexto, que la iniciativa del Senador Ricardo Monreal se presenta con oportunidad para acompañar al Poder Ejecutivo en la transición hacia la democracia directa. Los países con reglamentos específicos en la materia son más la excepción que la regla. Y ahí la oportunidad de legislar para potenciar los beneficios del cabildeo y atenuar sus inconvenientes.
Según la Asociación Nacional de Profesionales del Cabildeo y Asuntos Públicos (PROCAB), “el cabildeo es una actividad que fortalece la legitimidad en la toma de decisiones en los asuntos públicos de una democracia. La promoción legítima de intereses, agremiados o no, ante los representantes del Poder Legislativo. El cabildeo, al mismo tiempo ayuda a dinamizar los procesos de toma de decisión política, al tender puentes de entendimiento entre las partes y propiciar soluciones que, al mismo tiempo, atienden el interés público, salvaguardan el legítimo interés privado de su representado, siempre con transparencia y en el marco de la ley.
Un punto importante que aporta el cabildero es identificar la información relevante y el formato pertinente para la consideración del legislador. Los que hemos estado en el legislativo sabemos que las necesidades siempre son mayores a los recursos disponibles. Y aunque vaya el reconocimiento a los institutos de investigaciones legislativas por la cantidad y calidad de su producción.
Todos sabemos que hay estudios que están fuera de su alcance por razones de presupuesto, tiempo, recursos humanos o alcance geográfico. Información que frecuentemente se encuentran en manos de los ciudadanos y/o empresas a quienes esa legislación está enfocada a regular. Nadie conoce mejor el negocio, que el que se dedica al mismo. Así que vamos ganando eficiencia también en esto y sumemos esfuerzos por un México que, al final del día, es uno solo.
EN PERSPECTIVA, con el colapso del sistema corporativista, el cabildeo hace posible que un número mayor de organizaciones y grupos representativos de la sociedad participen en los procesos legislativos de consulta. En ese sentido, el cabildeo abona legitimidad y gobernabilidad a la democracia directa, que impulsa la Cuarta Transformación, en la toma de las decisiones públicas.
