La detención, el pasado 28 de febrero y posterior encarcelamiento de la ex primera dama hondureña (2010-2014), Rosa Elena Bonilla de Lobo, debe ser en primer lugar un llamado de atención y un factor disuasivo para todos aquellos servidores públicos hondureños que piensan hacer uso de sus funciones administrativas para lucrar ilícitamente.
De acuerdo a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), del Ministerio Público hondureño, la esposa del expresidente Porfirio Lobo Sosa, desvió fondos nacionales a una cuenta personal, con el equivalente a unos 517,000 dólares (12.2 millones de lempiras moneda hondureña) mismos que habían sido asignados para un programa gubernamental de desarrollo comunitario. Permanece recluida en el principal centro carcelario del país, la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
No podemos permitirnos tolerar actos como este, que ensimismo entrañan una suerte de “atentado institucional” contra el estado de derecho, pues contamina la normativa nacional e internacionales como la Declaración Universal de las Naciones Unidas, que en su primer artículo reza “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos a otros”.
No obstante, se debe subrayar que cada persona es responsable de sus actos, debido a esa racionalidad que entraña una suerte de libertad, pero, limitada la misma por el derecho de los demás ciudadanos de un país, de una región, -a vivir sin atropellos-, y la corrupción pública es uno de ellos, pues se sustituye la voluntad de transparencia y honestidad, por una serie de actos al margen de la ley, que no hacen más que incrementar los círculos de desesperanza, impotencia y que de alguna manera u otra socavan el estado democrático, entendido y diseñado desde sus orígenes como el poder soberano representado a través de autoridades elegidas en procesos transparentes.
Ya se ha señalado en reiteradas ocasiones que el poder absoluto corrompe, y esto es quizás por la multiplicidad de funciones o actividades desempeñadas por las más altas autoridades de un estado; no obstante, ahí es cuando se requiere de un robusto sistema judicial que haga efectiva y patente el acceso en igualdad de condiciones ante la ley. No importando posición económica, social o política.
Dado lo anterior, a que en Honduras ha habido de manera histórica una estrecha relación entre las fuerzas políticas del bipartidismo local-Partido Nacional y Liberal-, en tanto que en el espacio público sufren una metamorfosis de confrontación.
Bajo mi punto de vista, el hecho de que la familia Lobo tenga una cercanía partidaria con el presidente de turno en Honduras, no debe ser motivo para debilitar el sistema jurídico nacional, pues Honduras-en tanto estado-ha firmado una serie tratados y convenios nacionales e internacionales al respecto. La lucha anticorrupción es una titánica labor que implica y requiere de decisiones frontales, de lo contrario, el fenómeno tiende a ser insertado en los diversos estratos y sectores sociales.
Pienso que, la globalización en la que estamos insertos ha venido a acrecentar y posibilitar las prácticas corruptas, debido a los cinco elementos que identifica Jorge Malem[1], como las cinco causas fundamentales del fenómeno:
1) Las transnacionales cuentan con mayor potencial económico que muchos Estados,
2) Los negocios internacionales crecen cada día más,
3) En países subdesarrollados los salarios de la burocracia suelen ser muy bajos y las condiciones del trabajo no son buenas,
4) Las asimetrías económicas, jurídicas, sociales y políticas, y
5) Las transacciones de divisas a través de sistemas informáticos.
Es tal la magnitud del fenómeno que la máxima entidad global, como lo es la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha instituido el 9 de diciembre como el Día Internacional Anti-corrupción.
En conclusión, Honduras debe dar pasos concretos y decididos para luchar, transitar y terminar con todas las formas de corrupción. En tanto nación dependiente de países desarrollados, quienes al mismo tiempo harían bien en generar mayor presión sobre la aplicabilidad de las leyes a toda clase de funcionario o empresarios que se prestan o promueven esta especie de “cáncer social”.
Posdata: Este trabajo de investigación contó con el respaldo internacional del personal de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH); auxiliado localmente por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC). Este trabajo de investigación sobre la corrupción pública ha sido conocido como “la caja chica de la dama”.
Este caso fue vislumbrado en el contexto de la visita a Honduras (los días 26 y 27 de febrero) de Nikki Haley, embajadora permanente de los Estados Unidos de América (EUA) ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Referencias
[1] Citado en Víctor Rojas Amandi “Los tratados internacionales sobre corrupción”. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2770/8.pdf
