La administración de Donald Trump ha mantenido -incluso desde antes de ser electo- una relación muy tirante con los medios de comunicación, específicamente con aquellos que no le son afines. El último en sufrir los embates de las imprevisibles reacciones del dignatario (justamente un día después de las elecciones de medio término en Estados Unidos), ha sido el corresponsal de CNN, JimAcosta, a quien se le retiró de forma efímera su pase de prensa a la Casa Blanca, mismo que le fue restituido posteriormente -mientras se evalúa el proceso-, después de una orden judicial proveniente del togado Timothy Kelly, a quien nombrara el mandatario norteamericano en 2017.
En un principio, el hecho que el periodista pueda reintegrarse al ejercicio de su labor es un convincente indicativo de que la división de poderes sí funciona y hay un irrestricto respeto a la institucionalidad establecida; en un país en donde supremacistas blancos, aupados por su líder ultraconservador creen estar “perdiendo” el país, con claras alusiones racistas (pues estas expresiones se activan generalmente con indocumentados de países en desarrollo, en cambio “se abren las puertas de par en par” a ciudadanos del mundo desarrollado), convirtiéndose éste -de una u otra forma- en un siniestro juego por conveniencia con la dignidad humana y da al traste con máximas formuladas por ejemplo por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el sentido de que “todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.
Creo que en este caso particular y en el de agosto de 2015 cuando el conductor de televisión Jorge Ramos fue expulsado por el entonces candidato republicano de otra reunión con periodistas, constituyen un claro abuso de las prerrogativas, de un aspirante y posteriormente presidente Trump, ajustándose a los estándares de países del mundo subdesarrollado y naciones con regímenes totalitarios en donde se configura una especie de expurgación de “el otro”, cuando se señala a la prensa crítica “enemiga del pueblo”.
Por otra parte, la iniciativa judicial sobre el caso Jim Acosta, sin lugar a dudas, reivindica la potestad jurídica de la primera y quinta enmienda de la constitución de Estados Unidos (relativas a la libertad de prensa y el debido proceso), al reafirmar que el imperio de la ley y el derecho prevalecen por sobre la figura presidencial, conteniendo de esa manera cualquier asomo de una interpretación libertina y sesgada que a la larga no haría más que afectar la “sana” democracia de la potencia norteamericana.
Considero que es un momento adecuado para que todas las organizaciones de noticias y defensoras de las libertades de expresión y pensamiento articulen esfuerzos para observar el proceso que podría seguir el gobierno del magnate estadounidense para “garantizar conferencias de prensa justas y ordenadas”. Pienso que a través de esta retórica eufemística se busca legitimar la apertura y acceso a la ronda de preguntas periodísticas a todos aquellos reporteros que “simpatizan” o toleran los desaciertos presidenciales en torno a los asuntos que son noticia en el planeta y que involucran a Estados Unidos.
En mi opinión, la solidaridad gremial del periodismo (particularmente en la prensa para la comunidad hispana, más el respaldo de colegas estadounidenses), así como la contención judicial a éste ex abruptoson una especie de “bofetada”, que indudablemente le hacen ver al presidente Trump que no todo el sistema está alineado a sus “antojos”,pues para que la democracia funcione debe haber un ejercicio de contrapesos para anular toda tendencia hacia la tiranía.
Para concluir, este episodio debe servir para fomentar la reflexión pública en torno a los “límites” que debe tener el periodista al preguntar; asimismo, “obliga” a empresas mediáticas y clase política a revisar todas aquellas pautas de comportamiento interpersonal al momento de interactuar en el contexto de ambientes hostiles, como los generados contra la prensa en la “era Trump”.
