Recientemente el Observatorio Ciudadano de Energía publicó un estudio que relata “la sinopsis del saqueo privatizador y el recuento de daños”, la investigación es signada por Arturo Aguiñaga Ortega, Ingeniero Mecánico de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en energía renovable.
El estudio ofrece un relato histórico del proceso privatizador del sector energético en México durante los últimos 36 años. Periodo al que apareja el surgimiento de un grupo de 24 multimillonarios mexicanos exhibidos por la lista de la revista Forbes.
Lo anterior, en opinión de un servidor, no sería problema, si no fuera porque este enriquecimiento de los que Aguiñaga Ortega llama “barones”, se da en paralelo a la implementación de una política social equívoca e ineficaz que no logra más que contener la pobreza extrema sin evitar la creciente desigualdad y polarización de la sociedad mexicana. Los abandonados, como siempre, son aquellos pertenecientes a la incipiente clase media.
Lo que lleva a las sociedades a la descomposición y a la violencia no es la pobreza; lo es la insultante desigualdad existente entre sus miembros, más aún cuando esta viene de un saqueo que sucede al amparo de la competencia desleal favorecida por procesos de colusión, corrupción y tráfico de influencias. Ésa y no otra es la semilla de la guerra civil. Y en el caso mexicano las condiciones están más que dadas, sólo falta prender la mecha.
Cronología del saqueo
Aguiñaga Ortega hace una recapitulación del proceso en cinco etapas distintas:
- El inicial de 1982 a 1988, en donde se sientan las bases legales del proceso de saqueo. Tanto actores políticos como económicos definen los manejos a través de privatizaciones pequeñas a capital mexicano.
- La segunda, de 1988 a 1994, que se caracterizó por el surgimiento de los barones de México –quienes a la fecha siguen dominando la economía mexicana– y la firma del TLCAN, que oficializaba la futura entrega al capital extranjero.
- La tercera, que podríamos considerar como el punto de inflexión, de 1994 a 2002, donde los barones y sus deudores fueron salvados con dinero público, después perdonados y finalmente premiados al permitirles vender los bancos a manos extranjeras sin necesidad de redimir sus deudas con el Estado.
- La cuarta de 2002 a 2012, considerada como la década en que se concesionó una cuarta parte del territorio mexicano a empresas extranjeras para la explotación minera.
- La quinta y última de 2012 a 2018 –que es la entrega definitiva de México al aprobarse la entrega del sector energético, esto es, hidrocarburos y sistema eléctrico– en medio de una crisis de corrupción como nunca se había visto en nuestro país.
Hasta aquí Aguiñaga Ortega hace una descripción que, con sus matices, se apega razonablemente a los hechos. Sin embargo, nos comparte también sus conclusiones, en ellas hay mayor espacio para la discrepancia. Por ejemplo:
- La privatización fue excesiva y provocó que México perdiera su soberanía. Independientemente de la naturaleza de los cambios ocurridos a los que alude el autor, la soberanía de México subsiste en la medida que cuenta con el marco jurídico que le permite tomar y revertir decisiones con independencia de poderes externos.
El verdadero problema de México, en este sentido, es la debilidad institucional de su gobierno que lo vuelve incapaz de hacer observar las leyes existentes. Problema aparte, es la desconexión entre la voluntad popular y sus representantes, particularmente en los órganos legislativos, donde diputados y senadores representan más que la voluntad del ciudadano, la voluntad de la élite partidista que propicia y permite el saqueo.
- Otro aspecto que preocupa a Aguiñaga Ortega es la participación del capital privado, nacional y extranjero, y como los beneficios de esta participación no derraman al resto de la sociedad en general. Según la Comisión de Estudios Económicos para América Latina de la Organización de las Naciones Unidas (CEPAL), México es uno de los países del continente donde la inversión extranjera deja menos utilidades para la economía nacional.
Ciertamente es un hecho que los empresarios se han ocupado de maximizar sus utilidades hasta donde la ley les permite y más allá si es posible; pero ¿podemos culparlos de ello? ¿Acaso la naturaleza de una empresa no es maximizar los beneficios en favor de sus accionistas? La falla es nuevamente atribuible al gobierno y a su incapacidad, real o estimulada por la corrupción, de hacer valer la ley. Así como de tener leyes que aseguren que las empresas cumplen con su labor social.
- Y, finalmente, el autor se cuestiona, si se puede recuperar el control de nuestros recursos naturales.
Coincido con Aguiñaga en que la respuesta está en la CIUDADANÍA. Sin embargo, debemos de ser cuidadosos en que los movimientos de las organizaciones de la sociedad civil se constituyan en estructuras paralelas al Estado. En la ciudadanía debemos comenzar:
- Cumpliendo con la LEY (pagar impuestos; negarse a participar en la corrupción; …en una frase: “Cumplir con nuestros deberes y exigir nuestros derechos por la vía institucional”);
- Asegurando la representatividad ciudadana en las instituciones (asegurar que la postulación, elección y ejercicio de los gobernantes, particularmente que los legisladores respondan a las prioridades ciudadanas);
- Exigiendo la aplicación de la Ley para Todos sin excepción (evitar la economía informal y la privatización de los espacios públicos), también por las clases populares y por cualquier ciudadano.
En perspectiva, México es un gran país cuya sociedad la más de las veces no ha estado a la altura de la generosidad de su patria. No abandonemos a México, luchemos por el México que deseamos con compromiso genuino y verdadero; el camino al desarrollo es largo y penoso, pero vale la pena para nuestros hijos, para nosotros, para México.
Referencias:
Recuperado del Sitio oficial del Observatorio Ciudadano de la Energía, A.C.
