La protesta social y la anarquía -como una sublevación contra el “legitimado” sistema- también se ha incubado en las fuerzas del orden de estados nacionales. En el contexto de la lucha de una plataforma de izquierdas en relación con la defensa de la salud y educación públicas hondureños, policías de la novel Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES) se declararon en insurrección a mediados del mes pasado (primera vez en noviembre de 2017) contra el poder político de turno, exigiendo beneficios laborales y respeto a sus derechos humanos, entre otros. Mientras tanto, en México, elementos de la Policía Federal se han manifestado en Ciudad de México este miércoles por su “potencial” traspaso e integración a la recién creada Guardia Nacional, a lo cual se resisten por el temor a la “pérdida de derechos”.
Para iniciar, creo que este es un “llamado de atención” hacia líderes políticos de nuestro subcontinente, en relación con las condiciones de precariedad en las que podrían estar haciendo su trabajo los encargados de brindar seguridad a los connacionales. Pienso que es necesaria y urgente la corrección de “fallas” que pueden o dan pie a la “contaminación” de los agentes del orden público por parte de miembros del crimen organizado, debido a diversos ofrecimientos, que pueden ir desde lo económico hasta la valoración personal del individuo.
Del mismo modo, pienso que se hace patente la necesidad de establecer perfiles de reclutamiento que posibiliten una convocatoria de potenciales integrantes de cuerpos de seguridad provenientes de las diversas capas sociales, a fin de que los mismos trabajen en base a “miradas” interculturales y orígenes sociales (con el propósito de evitar la construcción de “rutinas laborales” en base a criterios preconcebidos de discriminación por razón de clase).
En segunda instancia, las instituciones policiales deberían estar certificados en “ciudadanía cívica”, a fin de revertir los crecientes niveles de desconfianza del cuerpo social en el ejercicio profesional de los uniformados. El descrédito hacia el trabajo policial en nuestras sociedades es una especie de muro que tiende a debilitar la lucha contra el crimen en sus diversas manifestaciones.
Es más, conforme el avance “acelerado” de nuestras sociedades -debido a fenómenos contemporáneos como la globalización y el desarrollo de la inteligencia artificial-, debería fomentarse la creación de manuales de desenvolvimiento geolocalizados (conforme las necesidades de las comunidades); por ejemplo, la implementación de policías cibernéticas en aquellas zonas donde tiende a originarse o hay mas incidencia de delitos de tal naturaleza.
El pensador Manuel Balbe advierte al respecto que “difícilmente se puede encomendar a la policía la función de proteger los derechos y libertades y a la vez negárselos a sus miembros”, lo cual evidentemente refleja la necesidad de voltear la mirada hacia ellos para que sean al mismo tiempo, garantes y gozantes de los mismos en condiciones de igualdad, bajo una sistemática reinvención de la cultura del “miedo” al contemporáneo ejercicio de las fuerzas del orden. Lo anterior exige esfuerzos interdisciplinarios que va desde el uso de los recursos e institucionalidad educativa, hasta la comprensión ciudadana sobre el trascendental papel de estos en mantenimiento de la paz y la tranquilidad.
En definitiva, nuestras normas jurídicas nacionales, en materia de seguridad ciudadana deben contemplar la “apertura” de espacios que históricamente han estado vedados a los encargados de gestionar el orden público.
Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana (UIA), Ciudad de México. Profesor de Periodismo en la UNAH.
Ha sido colaborador de medios informativos en la Ciudad de México y Honduras, así como para organizaciones promotoras de los Derechos Humanos como el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas y Centro de Atención al Migrante Retornado.
