La semana pasada Nicaragua se ha visto envuelta en una confrontación sin precedentes, luego de la reforma al sistema de pensiones que tutela el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), la misma fue publicada en el diario oficial (La Gaceta) el 18 de abril, desatando entonces la revuelta popular más grande, desde que el PresidenteDaniel Ortega del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) asumiera en su segundo mandato en 2007.
La clave de esta norma jurídica consistía en un aumento a las cuotas de cotizaciones obreras y patronales, e incrementadas progresivamente a partir de entonces. De acuerdo con el INSS, el citado sistema de pensiones afronta un déficit de más de 76 millones de dólares. El saldo debido a la brutal represión policial-grupos de choque oficialistas suma al menos 27 muertos, 428 heridos, y cientos de arrestados y desaparecidos, de acuerdo organizaciones no gubernamentales y la Cruz Roja Nicaragüense.
En primer lugar podríamos señalar la falta de un diálogo robusto en el vecino país de Nicaragua que abra rutas de participación a una oposición cada vez más hastiada de la autocracia sandinista que ha actuado a todas luces al amparo de la dictadura socialista venezolana heredada por el fallecido comandante Hugo Chávez (como un proyecto “antimperialista” diseñado para responder conjuntamente a las políticas neoliberales estadounidenses).
Pienso que los caprichos de Ortega han conducido a Nicaragua a una situación peligrosa de descontento social, parecido de alguna u otra forma al de Honduras, de ahí que estos dos países se hayan convertido hasta el momento en fuentes masivas de emigración hacia Estados Unidos.
Por otra parte, el desbocado sistema populista del presidente nica ha logrado granjearle el apoyo de grupos populares que se mueven en un horizonte limitado de raciocinio, sin posibilidad de reacción frente a un régimen que usando estrategias dadivosas, ha venido concentrando todo el poder institucional en manos del dirigente sandinista, que en unísono al bloque de países socialistas manejan la tesis de que toda protesta interna es provocada y gestionada desde el “imperio yanqui” para desestabilizarles.
Bajo mi punto de vista, la estrategia implementada desde principios por Daniel Ortega, tendiente a reformar normas jurídicas como el Código Militar (prohibiendo la reelección para el jefe del ejército) y afirmar la obediencia policial, no tenía otro propósito que el control institucional global a fin de posibilitar “la liberación nacional”.
La paradoja de estos sistemas de gobierno es que, mientras predican la igualdad de oportunidades entre sus ciudadanos, logran generar o crear guetos sociales privilegiados que les permite “ser diferentes” al resto de la ciudadanía. Tal es el caso de nepotismo señalado por colegas de prensa opositora nicaragüense en el sentido de nombramientos como el de un familiar suyo, –Francisco Díaz–, como el hombre fuerte de la policía nacional.
Es entonces, cuando en 2011 el dirigente sandinista logró imponer una reforma constitucional que le permitía hacer a un lado las objeciones jurídicas reeleccionistas. Desde ese momento se ha visto un Daniel Ortega conciliador y de trato suave con sus aliados; pero de mano dura contra sus adversarios ideológicos.
No cabe duda que los vaivenes geopolíticos -por ejemplo en países tan disimiles, en sus respectivos códigos culturales como Nicaragua y Siria; pero cuyos líderes han optado por adherirse a criterios socialistas importados-han contribuido a que las pacíficas formas de vida sociales muten hacia agresivas manifestaciones que no hacen más que provocar dolor, confusión y rezago en las economías de los países subdesarrolladas.
En consecuencia, hay mecanismos internacionales como la Carta Democrática Interamericana de la OEA (Organización de Estados Americanos) que deberían ser activados consensuadamente para neutralizar los amplios poderes domésticos conferidos a presidentes como Ortega, los que usa a discreción para aplastar rebeliones y atacar libertades fundamentales como: expresión, protesta, de pensamiento y de prensa. Ya lo manifestaba el barón de Acton de que “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Esa afirmación podría ser aplicada a la Nicaragua contemporánea.
Posdata: En una comparecencia televisada este domingo 22 de abril, el mandatario nicaragüense Daniel Ortega, anunció la revocación de la reforma a la ley de la seguridad social que originó las intensas protestas callejeras, que ahora exigen la salida del poder del dignatario centroamericano, tras once años de administrar el país.
