La semana pasada, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció lo que llamó el Plan de Seguridad y Paz, con el que confirmó que las fuerzas armadas seguirán siendo las encargadas de las tareas de seguridad pública en la gran parte del territorio nacional.
Con este plan, se consuma la militarización del país -que tanto había sido criticada por el mismo López Obrador- que comenzó con Felipe Calderón y que continuó en la presidencia de Enrique Peña Nieto, las cuales resultaron estrategias por demás fallidas, si consideramos que, al día de hoy, las muertes ocasionadas por el crimen organizado ascienden en los últimos 12 años a más de 234 mil.
El Plan de Seguridad y Paz fue anunciado justo cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había declarado como inconstitucional la Ley de Seguridad Interior que meses antes había sido propuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto y que generaba demasiadas controversias al darle un papel mucho más relevante a las fuerzas armadas.
El plan propuesto por López Obrador promete ser “un paradigma de seguridad pública radicalmente distinto al que ha sido aplicado en los sexenios anteriores” y,además, creará una Guardia Nacional con elementos de la Marina, el Ejército y la Policía Federal, será de “carácter civil”, lo cual requiere una reforma constitucional, que con la mayoría que tiene su partido en ambas cámaras, no se parece difícil que sea aprobada.
Cabe recordar que López Obrador, durante toda la campaña presidencial, no se cansó de decir que el lugar de los militares está en los cuarteles, e incluso propuso la desaparición del Estado Mayor Presidencial.
Esta decisión fue tomada después de haber llevado a cabo los Foros de Pacificación y Reconciliación Nacional en varias ciudades del país, en los cuales los familiares de las víctimas expusieron su sentir acerca de este fenómeno que aqueja a nuestro país y se tomaron notas de cómo solucionar este tema.
López Obrador, hoy dice que no dimensionaron el problema de la delincuencia organizada y esa es la razón por la cual se propone crear la Guardia Nacional, con lo cual nos demuestra que muchas de sus decisiones están basadas en estimaciones erróneas de su círculo más cercano de asesores.
En los últimos días, dada la presión de los medios de comunicación, López Obrador ha dicho que también consultará a la población si está a favor o en contra de la creación de esta nueva corporación de combate a la inseguridad.
De ser aprobada esta medida por los ciudadanos que participen en la nueva consulta nacional, la estrategia de seguridad del nuevo presidente, profundizará la militarización del país, aún cuando, de acuerdo a Ernesto López Portillo, experto en seguridad y democracia, “no hay evidencia empírica, disponible, sistematizada, confiable que confirme que el despliegue de [las] fuerzas armadas reduce la violencia en México”.
